Para abordar esto, se creará esa unidad técnica especial, que ya dispone de un teléfono de cita previa
y que se trasladará a los distintos ayuntamientos para atender 'in situ' a quienes tienen más
problemas para trasladarse a Santander.
Además, se aceptó la propuesta de los afectados de constituir una comisión mixta que se encargue
de realizar un seguimiento de la marcha de los expedientes, con reuniones cada tres o cuatro meses.
Díaz insistió, al término de la reunión, que existe una «disposición absoluta a encontrar soluciones o
alternativas».
En la cita de ayer estuvieron presentes los responsables de una quincena de las plataformas de
afectados constituidas por toda la región. Estos cifran en 7.000 los propietarios y en 40.000 parcelas
las afectadas por la Ley de Montes.
Javier Rugama, que actuó como portavoz, indicó que lo más duro de la reunión de ayer es que no se
les ha aclarado qué documentación es válida. «Pensábamos que nos iban a dar más soluciones,
sobre todo en la aceptación de documentos, pero dicen que irán caso por caso». «Ya les hemos
dicho que se van a enterrar en documentos, no vemos solución», se lamentaba Rugama.
Los afectados proponen que se reconozcan los datos que aparecen en el Catastro y que estos se
superpongan sobre los montes para ver qué fincas son privadas, las que pagan contribución. Apuntó
que muchas están registradas y disponen de documentos privados.
LA FOTO ES DE MINAS NIEVES 1 Y NIEVES 2
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