INFORME
QUE PRESENTA
LA CAMARA AGRARA DE CANTABRIA
SOBRE EL ANTEPROYECTO
DE
LA LEY DE MONTES
DE CANTABRIA.
ANTECEDENTES
Con fecha 29 de Octubre de 2.010 tuvo entrada en
la Cámara Agraria de Cantabria el Oficio remitido por
la Secretaría General de
la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, por el que
se concedía plazo para formular observaciones respecto de Anteproyecto de Ley de Montes de Cantabria, cuyo texto ha estado a disposición del informante.
Por ello, dentro de indicado plazo se formulan las siguientes
OBSERVACIONES
En primer lugar, se ha de poner de manifiesto lo exiguo del plazo concedido para poder realizar con cierta profundidad un estudio del anteproyecto remitido, dada la importancia, extensión y complejidad de éste.
Sin embargo, aún con las anteriores limitaciones, puede destacarse que en el ámbito que atañe a esta Corporación, las materas que revisten una mayor importancia se encuentran dentro del Título II, (capitulo cuarto (arts. 20 a 28), así como del Título IV, capítulos primero y segundo (arts. 44 a 62).
En el primer caso, aun partiendo de la base de reconocer que las Administraciones Públicas competentes son quienes ostentan las potestades de investigación, deslinde y recuperación de los montes públicos, entendemos que el texto legal debería poner mayor énfasis en el reconocimiento claro, concreto y explícito respecto de las bases o criterios sobre los que deben ejercitarse tales potestades administrativas.
En este sentido consideramos que debería plasmarse en el texto como mandato legal, el compromiso por parte de las Administraciones de reconocer a todos los efectos legales, las propiedades de los particulares siempre que estas se encontraran acreditadas mediante la correspondiente escritura pública u otro título de adquisición.
Tal situación adquiere mayor relevancia en los casos, por cierto bastante frecuentes, en los que las Administraciones Publicas carecen de su respectivo título de propiedad debidamente inscrito, o cuando tal inscripción se ha efectuado en base únicamente a los datos catastrales a través de su inclusión en el respectivo Inventario de Bienes.
Como decimos, el principio de seguridad jurídica exige adecuar la realidad física de los montes a la registral, en particular en lo que se refiere a las propiedades privadas. Es por ello por lo que se propone el expreso reconocimiento de las referidas situaciones.
A este respecto entendemos procedente que se introduzca
en
la Ley la obligación de
la Administración de arbitrar mecanismos que permitan asegurar la comparecencia de cuantas personas pudieran resultar afectadas en cada expediente,
mediante la obligatoria concesión del trámite de audiencia en los términos de los arts. 35 y 39 de
la Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Por otro lado, respecto del régimen de aprovechamientos y usos, se considera que deben protegerse como tales los propios de actividades tradicionales como el pastoreo y demás labores agrarias.
Así se propone incorporar en el texto y plasmar como mandato legal que la intervención administrativa en la autorización y ejecución de los aprovechamientos respete en todo caso las normas o formas consuetudinarias tal como se han venido realizando en amplias zonas de Cantabria.
El motivo de ello reside en que tales aprovechamientos, que adoptan formas muy variadas, vienen suponiendo en la práctica una muy correcta y sostenible gestión del monte mediante un disfrute o asignación de sus aprovechamientos de forma pacifica, equitativa, admitida y consolidada por los propios vecinos durante muchos años.
Por ello se estima que el procedimiento de obtención de la preceptiva licencia de aprovechamiento debe realizarse desde este principio básico, de tal forma que no pueda resultar posible una nueva “reasignación” de tales aprovechamientos en diferentes lugares y a distintas personas de los que los vienen utilizando, pues ello supondría, a nuestro juicio, la introducción de un claro factor de riesgo de conflictos en un estado de cosas en el que actualmente, como regla general, no se producen.
Al efecto se considera importante profundizar en el concepto ya recogido en el art. 54 de
la Ley de Cantabria
4/2000 de Modernización y Desarrollo Agrario, en el sentido de reconocer el derecho preferente de tales aprovechamientos a los vecinos de los pueblos o agrupaciones que conformen la entidad propietaria del monte, siempre y cuando sean titulares de explotación ganadera ubicada en al localidad.
Finalmente, en cuanto a la rectificación del Catálogo de Montes previsto en el art. 14 del anteproyecto se considera que tal rectificación a realizar por el Gobierno debe llevarse a cabo bajo las anteriores premisas.
Todo ello salvo mejor opinión en contra o criterio fundado en Derecho a los cuales nos sometemos.
Santander, a diez de Noviembre de dos mil diez.
